En el Sistema Penal Acusatorio en Santiago (SPA) se llevó a cabo la tarde de este 23 de agosto de 2023, la audiencia de legalización e imputación de datos en el caso de las indemnizaciones fraudulentas pagadas a productores de arroz en la provincia de Veraguas y otras.
Iván Castillo, abogado litigante, dijo que en el caso que se investiga por parte del Ministerio Público están apareciendo personas que se supone cobraron las indemnizaciones, aunque no eran productores.. Otros que eran parejas o familias y hasta políticos reconocidos en la provincia de Veraguas.
Castillo dijo a este medio que este miércoles se realizó la audiencia especial en el (SPA) de legalización de incautación de datos, donde funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario entregaron ante el juez de garantías una de las posibles pruebas como lo es teléfono móvil de una funcionaria que probablemente contenga elementos importantes para la vinculación de los hechos que se investigan.
Explicó que la lista es cada vez más larga donde también aparecen personas involucradas que son políticos, las que también deben ser investigadas puesto que se presume cobraron indemnizaciones, pero que hacen los trámites para el levantamiento del foro penal electoral.
Sostuvo que por el momento son 32 las personas involucradas, entre estas hay parejas de esposos, quienes tendrán que responder a las autoridades, tras recibir fuertes sumas de dinero del erario del país, sin sembrar arroz.
Castillo precisó que para las personas que están en la política se está pidiendo al Tribunal Electoral que se les despoje del fuero electoral para poder investigarlas.
Este medio intentó de obtener información de parte de los asesores legales del MIDA, sin embargo, el abogado Fernando Simons, dijo que no estaban autorizados para dar información al respecto por las investigaciones que se están haciendo y no viciar al mismo.
Se logró conocer que los funcionarios del MIDA están cooperando con el Ministerio Público para esclarecer los hechos donde se ha dicho que la lesión patrimonial al erario público podría pasar de los 12 millones de dólares.
